El Ministerio de Trabajo ha dado marcha atrás en su decisión de suspender la prestación contributiva y el subsidio por desempleo a aquellos beneficiarios que no presenten la declaración de la renta. De este modo, según confirman fuentes de Trabajo, los parados se aseguran las ayudas aunque decidan no rendir cuentas con Hacienda. La medida ahora rectificada, que formaba parte de un real decreto aprobado en mayo de 2024 y que entraba en vigor el 1 de noviembre del mismo año, había generado una fuerte controversia al obligar a los parados a tener que presentar el IRPF a partir de 2025, ya que, en caso de no hacerlo, perderían esos recursos. Finalmente, en un importante giro de postura, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha decidido eliminar la condición que vinculaba la presentación de la declaración con el mantenimiento del derecho a las prestaciones.
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,4% en febrero en relación con el mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 3%, su valor más alto desde el pasado mes de junio, cuando se situó en el 3,4%, según datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pedro Sánchez se encontraba bastante solo cuando, en marzo de 2022, se peleaba en Bruselas junto con su par portugués y hoy presidente del Consejo Europeo, António Costa, contra los demás líderes europeos para lograr un tope a los precios del gas que se utiliza para fabricar electricidad. La idea era bajar así de forma drástica y rápida la factura de la luz en la Península, la denominada excepción ibérica. Pero la medida no solo fue ganando adeptos en la UE. Ahora, la Justicia europea la ha avalado. Y va más allá aún, al respaldar de forma contundente en una sentencia el argumento de base para este tipo de medidas en el futuro: la intervención de los mercados energéticos en casos de “graves perturbaciones”.
Durante el año pasado se registraron un total de 27.564 alzamientos sobre viviendas, lo que supone un aumento del 3,4% respecto al año anterior, según se desprende de un informe publicado este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 74,6% de los lanzamientos, unos 20.558, fue a consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.073 (18,4%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.933 alzamientos restantes obedecieron a otras causas.
www.pymeseguros.com