Los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en uno aspectos más característicos de la política económica del Gobierno. Su paso de los 735 euros mensuales de 2018 a los actuales 1.221 ha impulsado el poder adquisitivo de estos trabajadores, pero también condiciona la negociación colectiva que llevan a cabo la patronal y los sindicatos, puesto que algunos de los pactos que alcanzan quedan 'obsoletos' en cuestión de días, en tanto que el salario marcado por el Ministerio de Trabajo supera al sueldo más bajo recogido en el convenio colectivo.
El recuerdo de la burbuja inmobiliaria que estalló hace casi dos décadas sigue proyectando su sombra. Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez ejecuciones hipotecarias iniciadas entre enero y marzo de este año corresponden a préstamos firmados entre 2005 y 2008, en plena euforia previa al estallido. Muchas de las familias que entonces accedieron a un mercado rebosante de obra nueva y con un crédito accesible y barato luchan hoy por cumplir con sus cuotas. Pero no son las únicas: el número total de estos procesos de embargo en viviendas habituales por impago —que pueden acabar, con el paso del tiempo, en un desahucio— ha aumentado un 37,2% en el último año, un repunte solo comparable al registrado entre 2020 y 2021, en los peores momentos de la crisis financiera provocada por el coronavirus.
Los trabajadores autónomos reclaman al Gobierno y a la oposición que rebajen la confrontación política para garantizar la confianza económica y culminar las reformas pendientes en materia fiscal y de protección social.
La inversión en innovación, aquella destinada a la investigación científica y tecnológica, no termina de recuperarse en todo el territorio español. Desde el estallido de la Gran Recesión, el 40% de las provincias mantiene un gasto inferior al invertido antes de 2008, debido especialmente a los recortes acometidos entre 2010 y 2015. En España, el descenso fue del 13,8%, que se tradujo en más 1.500 millones de euros. Esta caída no se ha compensado en 20 entidades territoriales, según las conclusiones del informe 50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España, elaborado por el Consejo General de Economistas de España y la Cámara de Comercio de España.

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